El año 2026 marca un punto de inflexión definitivo para el tejido empresarial español con la entrada en vigor de los plazos decisivos para la facturación electrónica obligatoria entre empresas y autónomos (B2B). Esta medida, impulsada por la Ley «Crea y Crece», no es un simple cambio de formato, sino una transformación integral de los procesos administrativos que busca combatir la morosidad y el fraude fiscal de forma sistémica en todo el territorio nacional.
Para los despachos de abogados y asesores fiscales, el reto no es solo técnico, sino profundamente jurídico, ya que afecta a la validez de los contratos, los plazos de cumplimiento e incluso al régimen sancionador aplicable. La normativa exige el uso de sistemas informáticos que cumplan con requisitos de integridad, conservación, accesibilidad y legibilidad de los registros, conocidos popularmente bajo el estándar «Verifactu», lo que obliga a auditar los softwares actuales. No cumplir con estos estándares a tiempo no solo podría acarrear sanciones económicas considerables por parte de la Agencia Tributaria, sino que podría paralizar la operativa comercial de la compañía al no poder emitir facturas legales a sus clientes, afectando a la cadena de pagos.
Desde nuestro despacho, Trilex Abogados, recomendamos a todas las empresas y trabajadores por cuenta propia que inicien cuanto antes la auditoría de sus sistemas de facturación y consulten con un experto legal la adaptación de sus cláusulas contractuales a este nuevo entorno digital. La transición debe ser planificada para asegurar la continuidad del negocio bajo el nuevo marco regulatorio, garantizando que cada factura emitida y recibida cumple con los exigentes requisitos de la Agencia Tributaria en esta era de transparencia digital.
