La reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, introduce una serie de reformas significativas destinadas a mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia en España. Entre las principales novedades se encuentra la transformación de los tradicionales juzgados unipersonales en Tribunales de Instancia. Esta reestructuración busca optimizar la organización judicial, promoviendo una mayor coordinación y especialización en la administración de justicia. Además, se implementan nuevas secciones especializadas, como las de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, que abordarán delitos graves relacionados con menores, reforzando así la protección de este colectivo vulnerable.
En el ámbito civil, la ley introduce cambios relevantes que afectan directamente a los procedimientos judiciales. Se fomenta el uso de métodos adecuados de solución de controversias (MASC), como la mediación y la conciliación, antes de acudir a los tribunales, con el objetivo de agilizar la resolución de conflictos y descongestionar los juzgados. Asimismo, se modifican aspectos procesales, como la posibilidad de dictar sentencias de viva voz al concluir el juicio, y se clarifica la interrupción de plazos de prescripción en las solicitudes de conciliación, estableciendo un plazo de 30 días hábiles.
En el ámbito penal, la ley establece la creación de secciones especializadas en los Tribunales de Instancia para abordar delitos específicos. Entre ellas, destacan las Secciones de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, encargadas de tratar casos graves como homicidios, abusos y trata de menores. Esta medida refuerza la protección de las víctimas y garantiza una atención más especializada en estos casos. Además, se centraliza y optimiza el procedimiento penal al asignar a las Secciones de Instrucción la responsabilidad de la instrucción y juicio de delitos leves y casos de mediana gravedad, mejorando así la eficiencia en la administración de justicia penal.
La implementación de la Ley Orgánica 1/2025 representa un paso significativo hacia una justicia más ágil y eficiente en España. Al promover la especialización de los órganos judiciales y fomentar métodos alternativos de resolución de conflictos, se espera una reducción en la carga de trabajo de los tribunales y una mejora en la calidad de la atención judicial. Estas reformas reflejan el compromiso del sistema judicial español por adaptarse a las necesidades actuales de la sociedad y garantizar una administración de justicia más efectiva y cercana al ciudadano.
